Tras el fracaso del golpe del general Sanjurjo en agosto de 1932, su condena a muerte y el inmediato indulto por el gobierno presidido por Manuel Azaña, que conmutó esa pena por la de prisión perpetua, las fuerzas de la derecha fueron progresivamente reclamando una amnistía plena para el general y cuantos habían colaborado con él en la intentona o simpatizado con ella y por ese motivo habían sido condenados, procesados o sancionados administrativamente. La ocasión para ello surgió con el triunfo en las elecciones generales de noviembre de 1933 que llevó al poder a la coalición radical-cedista personificada en Alejandro Lerroux y José María Gil Robles, abriendo así el que la historiografía dominante viene llamando «bienio negro». El encargo de preparar y redactar una Ley de Amnistía que diese cumplimiento a aquel objetivo prioritario recayó sobre el ministro de Justicia Ramón Álvarez-Valdés (tío abuelo del autor), único representante en el primer Gobierno Lerroux del Partido Republicano Liberal Demócrata de Melquíades Álvarez. En su defensa del proyecto de ley, Álvarez-Valdés hizo una alusión poco afortunada a los sucesos de Jaca de diciembre de 1930, y su consecuencia fue la llamada «crisis del vituperio», que conllevó la inmediata dimisión del ministro y, poco más tarde, la del propio Lerroux y todo su gobierno, enfrentado al presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora.